El fallecimiento de la mujer de 87 años, desalojada el 23 de septiembre de 2026, intensifica movilizaciones y llamados a huelga en España.
Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que residió más de siete décadas en un departamento del barrio de Retiro, Madrid, falleció el 7 de octubre de 2026 en el Hospital Gregorio Marañón. Su muerte ocurrió dos semanas después de ser desalojada de su vivienda en la calle Alcalde Sainz de Baranda, un proceso que generó protestas y reacciones en toda España.
Abascal vivía en el inmueble desde la infancia bajo un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. Pagaba alrededor de 500 euros mensuales y recibía una pensión cercana a 1,400 euros. En 2018, la familia propietaria vendió el departamento a Renta Corporación, que en 2020 lo transfirió a Urbagestión, actual propietaria. Urbagestión reclamó inicialmente un alquiler de 2,650 euros mensuales, luego reducido a 1,650 euros, cifras imposibles de asumir para Abascal.
El desalojo se ejecutó el 23 de septiembre de 2026, en el cuarto intento judicial, tras la determinación de que el contrato de renta antigua había finalizado por las condiciones de subrogación. Desde ese día, Abascal permaneció internada en el Hospital Gregorio Marañón hasta su fallecimiento. El Sindicato de Inquilinas acompañó a la afectada durante el proceso y confirmó su muerte.
El caso provocó una ola de movilizaciones en Madrid y otras ciudades. Miles de personas protestaron contra los desalojos y el aumento de los alquileres, manteniendo un campamento en la Puerta del Sol. Tras la muerte de Abascal, cientos marcharon hacia el Congreso de los Diputados para exigir soluciones a la crisis de vivienda.
Urbagestión ofreció a Abascal regresar a la vivienda con un nuevo contrato y un alquiler similar al anterior, pero el acuerdo no se concretó antes de su fallecimiento. El presidente Pedro Sánchez, la ministra Isabel Rodríguez, la ministra Ana Redondo y el líder Alberto Núñez Feijóo expresaron condolencias o comentarios públicos tras el deceso.
El Sindicato de Inquilinas convocó a una huelga general para el 11 de noviembre de 2026, exigiendo medidas urgentes ante la situación de vivienda en España.