La propuesta permitiría iniciar obras antes de obtener todas las autorizaciones y contempla multas de hasta 850 mil pesos.
La propuesta de una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en México introduce sanciones más elevadas y una evaluación acumulativa de los impactos ambientales. Sin embargo, incluye disposiciones que podrían permitir que algunas construcciones comiencen antes de contar con todas las autorizaciones requeridas.
Presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de agosto, la iniciativa se encuentra actualmente en revisión en comisiones de la Cámara de Diputados. La legislación ambiental vigente en el país data de 1988, por lo que este proyecto representa una actualización significativa.
Principios y sanciones contempladas
El proyecto establece 10 principios, entre los que destaca la prevención del daño ambiental antes que su reparación. Las multas por incumplir la normativa podrían alcanzar hasta 850 mil pesos. Además, la propuesta amplía la participación de comunidades y personas dedicadas a la protección del medio ambiente.
Las evaluaciones de impacto ambiental serán acumulativas, considerando los efectos en el entorno de manera integral y no solo de forma aislada. En el caso de fraccionamientos en Hermosillo, anteriormente se requería una evaluación de impacto ambiental para obtener la licencia de uso de suelo. Con el nuevo enfoque, se deberán considerar condiciones ambientales del área, como arroyos, zonas protegidas y especies afectadas por el desmonte.
Regularización y controversias
El apartado de regularización podría permitir que desarrolladores comiencen construcciones o retiren vegetación antes de contar con autorizaciones, para posteriormente solicitar permisos mediante un proceso de regularización. “Entonces, ¿qué significa eso? pues que construyo y después averiguo”, se expresó sobre esta posibilidad.
La ley contempla medidas de reparación y sanciones, pero estas no impedirían que el daño ambiental ya se haya consumado. Esta posibilidad de regularización podría entrar en conflicto con legislaciones locales que establecen requisitos previos para autorizar proyectos inmobiliarios.
Participación y discusión legislativa
Organizaciones ambientalistas han solicitado un parlamento abierto para que la ciudadanía pueda expresar opiniones y propuestas sobre la nueva legislación. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ha reconocido que el proceso requiere tiempo para analizarse. Karla Estrella llamó a constructores, ambientalistas y personas con proyectos en puerta a mantenerse atentos a la discusión legislativa y participar en el proceso. “La idea es se va a aprobar como está o la podemos mejorar todavía, ¿no?”, se planteó en el marco del debate.