La mayoría de los casos involucran omisiones en la declaración patrimonial; sanciones van de tres meses a un año de inhabilitación.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha resuelto alrededor de 230 expedientes relacionados con el incumplimiento de responsabilidades de servidores públicos en Sonora durante el presente año. La mayoría de estos casos están vinculados a omisiones en la declaración patrimonial, especialmente por no haber concluido este trámite obligatorio.
Los servidores públicos deben cumplir con la presentación de declaraciones patrimoniales en las modalidades inicial, de modificación y de conclusión. La falta en cualquiera de estos trámites puede derivar en un procedimiento administrativo y en la aplicación de sanciones.
Sanciones y procedimientos administrativos
Las sanciones aplicadas con mayor frecuencia han sido de tres meses de inhabilitación, aunque pueden alcanzar hasta un año, dependiendo de las características y condiciones de cada expediente. Las medidas han consistido principalmente en inhabilitaciones de tres meses a un año, especialmente en servidores públicos de dependencias estatales.
Los expedientes por faltas administrativas no graves son resueltos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En cambio, los casos considerados como faltas administrativas graves son remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora.
No existe un plazo adicional para subsanar la omisión una vez iniciado el procedimiento. “No existe un plazo adicional para subsanar la falta, debido a que una vez que se presenta la denuncia y comienza formalmente el periodo de sustanciación, corresponde al involucrado ejercer su derecho de defensa ante la autoridad.”
Llamado a cumplir obligaciones
Hasta el momento no se ha revocado el cargo de algún funcionario como resultado de estos procedimientos. El subsecretario Alejandro Zepeda Velarde hizo un llamado a los trabajadores del servicio público a cumplir en tiempo y forma con sus declaraciones patrimoniales.