La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Gobierno de México mantienen acciones para recuperar recursos públicos desviados vinculados con Genaro García Luna.
Entre 2008 y 2018, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) celebró contratos por 403.9 millones de dólares con empresas relacionadas con el esquema investigado.
La UIF sostiene que hubo simulación de servicios y desvío de recursos públicos mediante una red de empresas fachada.
Acciones legales y bloqueos
El seguimiento financiero derivó en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una demanda civil en Florida para recuperar activos.
En 2026, la justicia de Florida emitió una sentencia definitiva por aproximadamente 578.5 millones de dólares contra la red de los Weinberg, vinculada a García Luna.
El Gobierno mexicano informó sobre bienes y dinero entregados como resultado del litigio.
En 2023, se emitieron órdenes de aprehensión contra 61 personas y se concretaron 17 detenciones relevantes.
Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la UIF bloqueó 24,622 cuentas relacionadas con delincuencia organizada, de las cuales 7,681 correspondieron a integrantes de organizaciones criminales.
El total bloqueado asciende a 8,670,814,057 pesos.
Además, 2,395 personas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas: 18 en 2024, 730 en 2025 y 1,647 en 2026.
Coordinación internacional
La UIF ha coordinado acciones con la FGR, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y autoridades de Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
La familia Weinberg formó parte de la estructura corporativa vinculada con García Luna, relacionada con 30 contratos gubernamentales con sobreprecio.
La red simulaba sobornos como pagos comerciales, simulaba la materialidad de los contratos y maximizaba recursos públicos extraídos, enviando los recursos desviados a jurisdicciones como Miami, Florida, mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna.