La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció la próxima emisión de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Estos lineamientos buscan regular la información difundida en medios tradicionales y podrían extenderse a medios digitales y alternativos.
El gobierno federal ya emitió lineamientos para radio y televisión. Ahora, se plantea aplicar medidas similares a plataformas digitales, en un contexto donde la libertad de expresión es considerada la última trinchera para denunciar injusticias y corrupción.
La CRT, que depende del gobierno federal, presentó estos lineamientos como un esfuerzo para proteger al espectador. Sin embargo, implican una fiscalización estricta de la información y un posible control sobre los contenidos difundidos.
En la última década, la regulación de los derechos de las audiencias fue analizada por la Suprema Corte, el Poder Legislativo y el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Este último era un órgano autónomo y especializado encargado de vigilar estos derechos. Actualmente, la regulación se pretende ejercer desde la CRT, dependiente del gobierno federal.
El gobierno federal ha señalado que habrá una “auto vigilancia” de los medios por defensores de las audiencias nombrados por la propia autoridad. La CRT podrá revisar las decisiones de estas defensorías y, en un plazo de 72 horas, determinar si la información es falsa, inexacta o viola los lineamientos.
El artículo 54 de los lineamientos establece multas de hasta el 1% de los ingresos acumulables de las empresas concesionarias en caso de incumplimiento.
Este anuncio se da en un contexto de erosión democrática tras la elección de 2024, con la eliminación de órganos autónomos, la colonización del árbitro electoral y una reforma judicial que ha dejado sin un Poder Judicial independiente.
El gobierno federal ha expresado que, tras la implementación de estos lineamientos para radio y televisión, podrían aplicar medidas similares para medios digitales y alternativos en 2025.
Este proceso representa un cambio en la regulación de los medios de comunicación en México, con implicaciones para la libertad de expresión y la protección de los derechos de las audiencias.