España anunció el viernes 7 de agosto que impondrá controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia. Esta medida responde a la suspensión del acuerdo Schengen por parte del Gobierno italiano tras la crisis migratoria registrada en Ceuta.
Los controles españoles comenzarán el sábado 8 de agosto y estarán vigentes inicialmente hasta el 7 de septiembre. Durante este periodo, las autoridades españolas verificarán de manera aleatoria la identidad y nacionalidad de los viajeros provenientes de Italia.
Italia mantiene suspendido el acuerdo Schengen con España desde el 1 de agosto en puertos y aeropuertos. El Gobierno italiano rechazó la petición de Madrid para levantar estos controles y anunció que mantendrá la suspensión al menos hasta el 15 de agosto. Roma argumenta que esperará a contar con certeza de que no existen riesgos para su seguridad ni nuevas oleadas migratorias hacia territorio europeo.
El Gobierno de Giorgia Meloni afirmó que no aceptará “ultimatums ni imposiciones extranjeras” en asuntos relacionados con seguridad y control fronterizo.
Madrid sostiene que la crisis migratoria en Ceuta ya está “canalizada y reconducida”. El conflicto entre ambos gobiernos se originó tras el éxodo registrado el 30 de julio, cuando unas 72 mil personas se desplazaron desde Marruecos hacia Ceuta, principalmente por vía marítima. Según las autoridades españolas, alrededor de 70 mil personas ya regresaron a territorio marroquí.
El Instituto de Medicina Legal de Ceuta reportó al menos 82 muertos durante la crisis, mientras que organizaciones no gubernamentales elevaron el balance a 141, incluyendo víctimas registradas también en Melilla.
Madrid calificó las medidas adoptadas por Italia como “injustas y discriminatorias” y argumentó que las personas que ingresaron a Ceuta de manera irregular no pueden circular libremente por el espacio Schengen debido al régimen especial que aplica en el enclave español.
España mantiene la atención a los migrantes que permanecen en Ceuta, entre ellos cientos de menores de edad. La situación ha incrementado la tensión entre Madrid y Roma en torno al manejo de la migración y los controles dentro del espacio europeo.