Leopoldo Maldonado, relator especial designado por la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, advirtió que los recientes lineamientos para proteger los derechos de las audiencias podrían derivar en censura latente y otorgar facultades excesivas a las autoridades para evaluar contenidos informativos.
Preocupaciones sobre facultades y alcance de los lineamientos
Los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias serán sometidos a consulta pública próximamente. Sin embargo, el proyecto ha generado inquietudes por la amplitud de las facultades que concedería a un organismo del Poder Ejecutivo para intervenir en la revisión y regulación de contenidos en medios concesionados de radio y televisión.
El artículo 13 de estos lineamientos incluye conceptos amplios como la falsedad de la información y la descontextualización, sin ofrecer definiciones claras, lo que podría facilitar interpretaciones arbitrarias. Maldonado señaló que no es recomendable que el Estado determine la veracidad de la información, especialmente a través de un organismo que no garantice imparcialidad.
Procedimientos y sanciones que podrían inhibir la libertad de expresión
El proyecto contempla la creación de defensorías de las audiencias y códigos de ética en medios, además de un procedimiento para que quienes no estén conformes con las resoluciones de estas defensorías puedan apelar ante una comisión reguladora. Esta comisión tendría la facultad de revisar la veracidad de la información y aplicar multas económicas que podrían ir del 0.1% al 1% de los ingresos acumulables anuales de los concesionarios.
Maldonado advirtió que la posibilidad de sanciones económicas y procedimientos administrativos podría generar un efecto inhibitorio, fomentando la autocensura entre los concesionarios, quienes evitarían riesgos al difundir información que pudiera ser cuestionada.
Comparación con experiencias internacionales y contexto legal
El relator especial comparó esta regulación con casos en países como Nicaragua, Cuba, Tailandia e India, donde reformas similares han permitido al Estado controlar la información, afectando la libertad de expresión. En particular, mencionó las reformas impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Además, Maldonado señaló que el proyecto excede las facultades reglamentarias previstas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que durante la discusión legislativa sobre derechos de las audiencias no se planteó que estos pudieran restringir la libertad de expresión, la cual incluye el derecho a buscar, difundir y recibir información.
La discusión se enfoca en medios concesionados y se distingue del debate sobre la regulación de plataformas digitales y redes sociales. La experiencia internacional muestra que regulaciones justificadas en temas como terrorismo, seguridad nacional o protección de infancias pueden afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Próximos pasos y participación ciudadana
Leopoldo Maldonado asumirá formalmente su cargo internacional el 1 de agosto. Mientras tanto, la organización Artículo 19, que Maldonado dirigió para México, Centroamérica y el Caribe, prepara observaciones sobre el proyecto de lineamientos para la consulta pública, buscando garantizar que no se vulneren los derechos de las audiencias ni la libertad de expresión.