El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, expresó su preocupación por los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentados el 28 de julio de 2026, al considerar que podrían otorgar al gobierno facultades para suspender transmisiones y controlar contenidos en radio y televisión.
Desde su oficina en el Senado, Añorve señaló que el anteproyecto abre la posibilidad de que las autoridades determinen qué información es falsa o descontextualizada, lo que podría derivar en medidas precautorias contra concesionarios de medios. El legislador alertó sobre el riesgo de que estas disposiciones se conviertan en un mecanismo para limitar la libertad de expresión y fomentar la autocensura.
Los lineamientos fueron dados a conocer por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El documento, elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en cumplimiento con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se encuentra en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.
Entre las propuestas destacan la obligación de diferenciar claramente entre información noticiosa, opinión y publicidad, así como evitar la difusión de información falsa o descontextualizada. También se plantea garantizar el derecho de réplica, implementar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, y establecer un Código de Ética junto con una Defensoría de las Audiencias independiente para atender quejas.
En caso de desacuerdo con las resoluciones de la defensoría, la CRT podrá revisar los casos, emitir recomendaciones y aplicar sanciones conforme a la legislación vigente. Sin embargo, sectores como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y legisladores de oposición han manifestado reservas sobre la ambigüedad de algunos conceptos, que podrían permitir interpretaciones discrecionales y sanciones excesivas.
Se ha señalado que la definición de “información falsa o descontextualizada” podría generar un ambiente de presión sobre los medios, especialmente los críticos, y propiciar la autocensura. También preocupa la posibilidad de sanciones económicas significativas y la asimetría en la aplicación de las normas entre medios privados y estatales.
El anteproyecto aún no ha sido aprobado de forma definitiva, por lo que su contenido puede modificarse en función de las observaciones recibidas durante el periodo de consulta pública, que incluye a ciudadanos, concesionarios, universidades y organizaciones civiles.