La frase histórica de Benito Juárez, “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, sigue siendo relevante en el contexto político actual de México, especialmente dentro del gobierno conocido como la Cuarta Transformación (4-T). Este principio parece reflejarse en el trato diferenciado hacia figuras políticas, como el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Ruffo, primer gobernador de oposición tras décadas de dominio del PRI en Baja California, enfrenta una investigación por presunto “huachicol fiscal”. Su situación ha sido interpretada por algunos analistas como un intento del gobierno federal por afectar a partidos opositores como el PAN y SomosMX, además de desviar la atención de otros escándalos políticos recientes en la entidad, incluyendo la gobernadora Marina del Pilar y sus contactos con funcionarios de seguridad de Estados Unidos.
Mientras Ruffo es objeto de proceso penal, otras figuras vinculadas al actual gobierno federal han sido señaladas por posibles actos de corrupción o conflictos de interés, pero no han enfrentado consecuencias legales similares. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un fraude millonario en Segalmex, sin que se haya procedido contra el director de la institución, Ignacio Ovalle Fernández, quien mantiene una relación cercana con el mandatario.
Asimismo, se han documentado señalamientos sobre familiares del presidente y funcionarios vinculados a contratos públicos, sin que se hayan iniciado investigaciones formales. Casos como los de Pedro Carmona, conocido como “rey del huachicol”, y sus presuntas conexiones con integrantes de Morena, así como la protección a figuras como el exsecretario de Marina Rafael Ojeda, han generado cuestionamientos sobre la imparcialidad en la aplicación de la ley.
En el ámbito estatal, destacan situaciones como la exoneración de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, pese a las controversias por sus vínculos con agencias de seguridad estadounidenses, y la protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, frente a acusaciones de nexos con el crimen organizado.
Otros casos emblemáticos incluyen la detención de Rosario Robles Berlanga, vinculada a procesos judiciales con motivaciones políticas, y el acoso político hacia la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, sin que se haya avanzado en procedimientos legales que justifiquen la pérdida de su fuero.
En el plano internacional, la DEA y autoridades estadounidenses han emitido advertencias sobre la posible colusión de políticos mexicanos con el narcotráfico. Declaraciones recientes del director de la DEA, Terry Cole, y de funcionarios como Marco Rubio y Markwayne Mullin, han señalado a la presidenta Claudia Sheinbaum y su administración, acusándolos de tener vínculos con cárteles de droga, acusación que la mandataria ha negado.
Estas tensiones se enmarcan en un contexto político complejo, con elecciones próximas en Estados Unidos y una agenda internacional que observa de cerca la situación interna mexicana. La relación entre ambos países, aunque diplomática, se ve afectada por estos señalamientos y por sanciones económicas como los aranceles impuestos a Canadá, además de la postura estadounidense frente a regímenes autoritarios en la región.
En el ámbito local de Sonora, resalta la licitación para la construcción de un hospital en Ures, parte del proyecto de remediación tras la contaminación del Río Sonora en 2014. A pesar de la capacidad de empresas locales, la obra fue adjudicada a una compañía con socios en España y Monterrey, lo que ha generado críticas sobre la falta de apoyo a contratistas sonorenses en proyectos federales.