Los siete consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora reciben un salario mensual neto cercano a los 100 mil pesos, una cifra considerablemente superior al salario mínimo vigente en la entidad. Sin embargo, la transparencia en la declaración de su patrimonio presenta irregularidades, según documentos oficiales consultados.
De acuerdo con las declaraciones patrimoniales de los años 2024 y 2025, obtenidas mediante una solicitud de transparencia a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los consejeros perciben un sueldo bruto mensual de 133,354 pesos, que después de impuestos se reduce a aproximadamente 98,962 pesos netos.
Entre los funcionarios revisados se encuentran el presidente Nery Ruiz Arvizu y los consejeros Alma Lorena Alonso Valdivia, Flor Terecita Barceló Noriega, Linda Viridiana Calderón Montaño, Benjamín Hernández Ávalos, Wilfredo Román Morales Silva y Jaime Olea Miranda. La revisión se centró en tres aspectos clave: ingresos anuales, bienes inmuebles y vehículos.
El análisis de las declaraciones reveló tres perfiles: funcionarios que no transparentan información bajo el argumento de que es reservada, quienes cumplen parcialmente con la entrega y quienes presentan la información conforme a la ley. Por ejemplo, algunos consejeros reportan sus vehículos y bienes inmuebles, mientras que otros clasifican estos datos como confidenciales o no los reportan.
Alma Lorena Alonso Valdivia declaró ingresos anuales de 1.4 millones de pesos en 2024 y 1.7 millones en 2025, sin reportar bienes inmuebles y con información clasificada sobre vehículos. Por su parte, Benjamín Hernández Ávalos reportó ingresos superiores a 1.3 millones en 2024 y más de 1.8 millones en 2025, con varios vehículos registrados, aunque la información sobre inmuebles permanece clasificada.
Otros consejeros, como Flor Terecita Barceló Noriega y Linda Viridiana Calderón Montaño, reportaron ingresos anuales cercanos a 1.7 millones en 2025 y declararon bienes inmuebles y vehículos, aunque con variaciones en la información reportada entre ambos años.
Jaime Olea Miranda y Wilfredo Román Morales Silva mantienen información clasificada sobre sus bienes inmuebles, pero reportan vehículos con valores y fechas de adquisición detalladas. El presidente Nery Ruiz Arvizu no reportó bienes ni vehículos en ambos años, aunque sus ingresos anuales superan los 1.7 millones en 2024 y los 2.1 millones en 2025.
La Ley de responsabilidades y sanciones para el estado de Sonora obliga a los servidores públicos a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses bajo protesta de decir verdad, con la finalidad de transparentar su situación económica. Sin embargo, la misma ley contempla que ciertos datos pueden ser reservados para proteger la vida privada o información personal.
Especialistas en transparencia han señalado que, más allá del cumplimiento legal, estas declaraciones son una herramienta fundamental para generar confianza ciudadana, ya que permiten verificar que los bienes declarados correspondan con los ingresos percibidos y evitar posibles actos de corrupción.