Los siete consejeros que integran el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora perciben un salario mensual neto cercano a los 100 mil pesos, según documentos oficiales correspondientes a 2024 y 2025. Sin embargo, la transparencia en la declaración de su patrimonio presenta limitaciones, ya que algunos funcionarios clasifican o no reportan información sobre sus bienes.
El IEE es el órgano encargado de organizar las elecciones en Sonora cada tres años. De acuerdo con expedientes públicos obtenidos mediante solicitudes de transparencia, el presidente del instituto, Nery Ruiz Arvizu, junto con los consejeros Alma Lorena Alonso Valdivia, Flor Terecita Barceló Noriega, Linda Viridiana Calderón Montaño, Benjamín Hernández Ávalos, Wilfredo Román Morales Silva y Jaime Olea Miranda, tienen un sueldo bruto mensual de 133,354 pesos, que después de impuestos queda en aproximadamente 98,962 pesos.
En el análisis de las declaraciones patrimoniales, se identifican tres perfiles entre los consejeros: algunos no reportan información argumentando que es reservada, otros cumplen parcialmente con la entrega de datos y un grupo cumple con la ley en forma completa.
Por ejemplo, Alma Lorena Alonso Valdivia no reportó bienes inmuebles ni vehículos para 2025, mientras que Benjamín Hernández Ávalos mantiene clasificada la información sobre sus inmuebles, aunque sí reportó varios vehículos, entre ellos motocicletas y automóviles adquiridos entre 2014 y 2022. En contraste, Flor Terecita Barceló Noriega declaró una casa adquirida en 2024 y un vehículo Honda CRV de ese mismo año.
Jaime Olea Miranda mantiene clasificada la información sobre sus bienes inmuebles, pero reporta dos vehículos adquiridos en 2017 y 2019. Linda Viridiana Calderón Montaño declaró una casa con valor de más de cinco millones de pesos y no reportó vehículos. Por su parte, Nery Ruiz Arvizu no reportó bienes ni vehículos en sus declaraciones.
Wilfredo Román Morales Silva declaró varios vehículos, incluyendo una camioneta RAM y un Nissan X-Trail, pero mantiene clasificada la información sobre sus inmuebles.
La Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora establece que todos los servidores públicos deben presentar declaraciones patrimoniales y de intereses bajo protesta de decir verdad. Aunque estas declaraciones son públicas, la ley permite reservar datos que puedan afectar la vida privada o datos personales protegidos.
Especialistas en transparencia señalan que más allá de la obligación legal, la declaración patrimonial es una herramienta clave para generar confianza ciudadana y garantizar que los bienes de los funcionarios correspondan con sus ingresos, evitando posibles actos de corrupción.