Los siete consejeros que integran el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora reciben un salario mensual neto cercano a los 100 mil pesos, según documentos oficiales consultados para los años 2024 y 2025. Sin embargo, la transparencia en sus declaraciones patrimoniales presenta irregularidades, ya que algunos funcionarios clasifican información o no la reportan.
De acuerdo con los expedientes públicos proporcionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de una solicitud de transparencia, los consejeros perciben un sueldo bruto mensual de 133,354 pesos, que después de impuestos se reduce a aproximadamente 98,962 pesos netos. Entre los integrantes se encuentran el presidente Nery Ruiz Arvizu y los consejeros Alma Lorena Alonso Valdivia, Flor Terecita Barceló Noriega, Linda Viridiana Calderón Montaño, Benjamín Hernández Ávalos, Wilfredo Román Morales Silva y Jaime Olea Miranda.
Las declaraciones patrimoniales revisadas se enfocaron en tres rubros: ingreso anual, bienes inmuebles y vehículos. En varios casos, los consejeros no reportan información completa o la clasifican como reservada, limitando la transparencia que establece la Ley de responsabilidades y sanciones para el estado de Sonora.
Por ejemplo, Alma Lorena Alonso Valdivia no reportó bienes inmuebles en 2024 y 2025, y la información sobre vehículos fue clasificada en 2024 por estar a nombre de un dependiente económico. Benjamín Hernández Ávalos mantiene varios vehículos registrados, incluyendo motocicletas y automóviles, aunque en 2025 reportó la venta de una moto Suzuki.
Por otro lado, Flor Terecita Barceló Noriega declaró una casa adquirida en 2024 y un vehículo modelo Honda CRV, mientras que Jaime Olea Miranda mantiene clasificada la información sobre sus bienes inmuebles y reporta dos vehículos con fechas de adquisición anteriores a 2025.
Linda Viridiana Calderón Montaño reportó una casa con un valor de 5.1 millones de pesos adquirida en 2023, pero no proporcionó datos sobre vehículos. Nery Ruiz Arvizu no reportó bienes ni vehículos en ninguno de los dos años. Wilfredo Román Morales Silva mantiene clasificada la información sobre inmuebles y reporta tres vehículos, entre ellos una RAM Big Horn y una Nissan X-Trail.
La Ley de responsabilidades y sanciones para Sonora obliga a todos los servidores públicos a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, que deben ser públicas salvo en los casos donde la divulgación afecte la vida privada o datos personales protegidos. Esta normativa busca que la ciudadanía pueda verificar la congruencia entre los ingresos y los bienes de los funcionarios.
Especialistas en transparencia han señalado que más allá del cumplimiento legal, estas declaraciones son una herramienta fundamental para generar confianza social y vigilar que los servidores públicos no incurran en enriquecimiento ilícito o conflictos de interés durante su gestión.