Ricardo Gallardo Cardona incorporó a Héctor Serrano Cortés a su proyecto político en San Luis Potosí, aprovechando su experiencia en la gestión de presiones contra medios de comunicación críticos.
Serrano, exoperador clave en el gobierno de Miguel Ángel Mancera en Ciudad de México, estuvo vinculado a investigaciones que revelaron espionaje y vigilancia contra periodistas y activistas. Su llegada a San Luis Potosí refleja la intención del gallardismo de controlar y limitar las críticas periodísticas.
Conocido por impulsar cambios legales para sancionar a periodistas, Serrano ahora trabaja para respaldar la candidatura de Ruth González Silva, esposa del gobernador Gallardo, y garantizar que la prensa incómoda no interfiera en su ascenso político.
El acoso judicial a comunicadores y defensores de derechos humanos, promovido por el gallardismo y ejecutado por operadores como Serrano, forma parte de una estrategia más amplia que incluye el reparto de beneficios a la población para generar apoyo y desincentivar críticas.
A pesar de discursos oficiales que aseguran proteger a la prensa, el gobierno de Gallardo ha implementado reformas legales que restringen la libertad de expresión y aumentan las presiones contra los medios desde sus inicios en el municipio de Soledad en 2009.
Desde entonces, periodistas han sido interceptados y amenazados por grupos vinculados al entorno político de los Gallardo, quienes han utilizado recursos públicos para desacreditar y atacar a reporteros en actos públicos.
Los Gallardo consolidaron su poder primero en Soledad, luego en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Luis Potosí, desplazando a fundadores y alineando a periodistas mediante la creación de medios propios y discursos controlados.
En 2015, la detención de Ricardo Gallardo Cardona por presuntos delitos fiscales y de delincuencia organizada marcó un punto crítico en la relación entre el grupo político y la prensa, evidenciando la tensión y confrontación que persiste hasta la actualidad.