Morena ha decidido no respaldar a sus miembros señalados por corrupción o vínculos con el crimen organizado en el proceso electoral de 2027, enfocándose en fortalecer su base electoral con programas sociales.
El gobierno actual ha debilitado las instituciones creadas para limitar el poder presidencial, lo que ha afectado la seguridad, salud y economía del país. La ley y el Estado de Derecho han perdido fuerza frente a intereses políticos.
En Sonora, el desabasto y la atención deficiente en hospitales públicos como el ISSSTE reflejan la crisis en los servicios de salud. Además, la inflación y el costo de la canasta básica continúan afectando a la población, sin que se reflejen mejoras en los precios de combustibles a pesar de cambios internacionales.
El gobierno mantiene su estrategia de priorizar el apoyo a sectores que aseguren votos, mientras descarta atender a grupos críticos como madres buscadoras, defensores del campo y manifestantes por mejores servicios públicos.
Morena enfrenta un futuro político complicado, consciente de que muchas de sus figuras son irreparables y que su permanencia en el poder dependerá de mantener una base electoral cautiva, aunque esto implique perder apoyo en otros sectores.